Acuerdo social: más subsidio al basural

Publicado en General el 5 de Junio, 2006, 12:51 por floreal
¿Qué no hay más dinero para pensiones? ¡Pues sobra para los patrones! (“…A
España le cabe el dudoso honor de haberse situado a la cabeza de Europa en
tasa de temporalidad (Las causas hay que buscarlas en la desregulación del
mercado laboral llevada a cabo en los años ochenta y en la anuencia legal de
todo tipo de “contratos basura”). Cuando el porcentaje de temporalidad se ha
desorbitado al triplicar la media europea, ‘diálogo social’ tras ‘diálogo
social’ se han propuesto reducirlo; pero en lugar de modificar de nuevo la
legislación laboral deshaciendo aquellos cambios que han producido tal
distorsión, es decir, prohibiendo determinados tipos de contratos, se ha
querido incentivar (más) a los empresarios, subvencionándoles… por los
“contratos indefinidos”… El resultado, ya desde hace años, está a la vista:
nada se ha conseguido…”)

Pólvora del Rey =

Siempre me ha asombrado la diferente percepción que la sociedad tiene de los
asuntos según hagan referencia a la propiedad privada o a la pública.
Cualquier ladrón o estafador sufre una clara reprobación social. Pero la
cosa cambia cuando se trata de la Hacienda Pública. A los defraudadores se
les trata con mucha más benevolencia; en ocasiones, incluso aparecen
revestidos de un halo de heroísmo o al menos son tenidos por avispados y
vivos. La lógica indica que debería ser al revés. Aunque fuese tan sólo por
egoísmo, deberíamos reprobar mucho más a los que evaden impuestos —que en el
fondo nos están robando a todos— que a los que cometen un delito contra la
propiedad privada, que habitualmente no es la nuestra. Pero este disparar
con pólvora del rey no queda circunscrito al ámbito del hurto. Leo con
asombro que el contencioso del edificio del cabo de Gata, construido
ilegalmente con grave daño al medio ambiente, se va a solucionar con dinero
público. La Junta de Andalucía va a ejercer el derecho de retracto, va a
adquirirlo por más de dos millones de euros, para derruirlo a continuación.
Es decir, que el dinero de todos los andaluces terminará pagando la
especulación de ciertos empresarios y la incompetencia —si no algo peor— de
los cargos municipales y autonómicos.

El principal partido de la oposición también dispara con pólvora del rey
cuando su presidente, ante la estafa de Afinsa y del Fórum Filatélico,
propugna que el Estado asuma las pérdidas. Para conseguir votos no hay nada
como ser generoso con el dinero ajeno. El PSOE no quiere ser menos y su
portavoz en el Congreso también ha abogado por la creación de un fondo con
recursos públicos. Ciertamente, produce amargura escuchar los testimonios de
los damnificados, muchos de ellos pequeños ahorradores que han perdido su
reducida fortuna, pero ello no es óbice para dar una vez más la razón a
Galbraith acerca de los factores constantes que acaecen en toda trampa
financiera: por supuesto, la falta de escrúpulos de aquellos que pretenden
timar al personal, y que piensan que nunca se va a descubrir el fraude, pero
también la ingenuidad no carente de avaricia de los inversores, todos ellos
convencidos de haber encontrado la piedra filosofal y de ser más astutos que
el resto de los mortales. En esta ocasión, parece que nadie veía nada
extraño en que se garantizase el 6% de rentabilidad anual cuando ninguna
entidad financiera garantiza un interés por encima del 2%. Una buena parte
de la responsabilidad debe recaer sin duda sobre los responsables políticos
de los distintos gobiernos, que después de crear no sé cuántas comisiones de
supervisión con sueldos fabulosos dejan actividades como éstas desprotegidas
y en tierra de nadie o, lo que es lo mismo, en tierra de las Comunidades
Autónomas. En tales ocasiones, comenzamos a ser conscientes de la aberración
que supone el haber troceado el Estado. ¿Acaso no es ingenuidad pensar, tal
como hace la ministra de Sanidad, que una Comunidad Autónoma pueda controlar
a empresas cuyas actividades se extienden a varias naciones? La consecuencia
es que la inmoralidad de unos, la simpleza avariciosa de otros y la
irresponsabilidad de los políticos termina compensándose con los recursos de
todos los españoles, pólvora del rey.

Y los recursos públicos son también los que terminan lubricando el “Diálogo
social”. Todo son parabienes y felicitaciones porque empresarios y
sindicatos han llegado a un acuerdo. ¡Cuán responsables son y qué bueno es
el consenso! Pero éste sólo es posible porque el Gobierno ha puesto
bastantes fondos públicos sobre la mesa, fondos que, en contra de la opinión
generalizada, sí tienen dueño, todos los ciudadanos. A España le cabe el
dudoso honor de haberse situado a la cabeza de Europa en tasa de
temporalidad. La causa hay que buscarla en la desregulación del mercado
laboral llevada a cabo en los años ochenta y en la anuencia legal de todo
tipo de contratos basura. Cuando el porcentaje de temporalidad se ha
desorbitado al triplicar la media europea, “diálogo social” tras “diálogo
social” se han propuesto reducirlo; pero en lugar de modificar de nuevo la
legislación laboral deshaciendo aquellos cambios que han producido tal
distorsión, es decir, prohibiendo determinados tipos de contratos basura, se
ha querido incentivar a los empresarios subvencionando los contratos
indefinidos. El resultado está a la vista, nada se ha conseguido. En el
“Acuerdo social” que acaba de firmarse se recurre al mismo procedimiento, el
Gobierno ha vuelto a poner dinero encima de la mesa. Se ha comprado con
recursos públicos, es decir, de todos los ciudadanos, la adhesión al
consenso de los empresarios, reduciendo las cotizaciones sociales y
subvencionando a las empresas contratos indefinidos. Con pólvora del rey: el
coste de la reforma va a ser, según estimaciones del propio Ministerio de
Trabajo, de 2.165 millones de euros, para entendernos, aproximadamente
350.000 millones de pesetas… Más sorprendente es aún, si cabe, el comentario
del vicepresidente económico afirmando que se queda muy tranquilo, puesto
que la reforma se financia no con impuestos sino con reducción de
cotizaciones sociales. Sublime, como si éstas no fuesen ingresos públicos.
Después se dirá que no hay recursos para mantener el sistema de pensiones.
(J Fco Martín Seco, 17/5/6)