Políticas de equidad en España: Zapatero y las DESIGUALDADES

Publicado en General el 9 de Enero, 2009, 13:12 por floreal
.

"Una constante del discurso socialista que encarna el Presidente Rodríguez
Zapatero es la apelación a la fortaleza de las políticas sociales y, por
medio de ellas, al logro de mayores cotas de igualdad económica entre los
españoles. Así, cuando se ha tratado de establecer el elemento diferencial
del socialismo con respecto a las políticas conservadoras en lo referente a
la manera de abordar la crisis, el énfasis se ha puesto en el mantenimiento
del gasto social, como si este elemento fuera el que estableciera la
frontera entre las visiones liberal y socialdemócrata de la política
económica. El trasfondo del debate no es otro que el que alude a la equidad
en distribución de la renta y, por tanto, al nivel relativo de desigualdad
económica entre los ciudadanos. Sin embargo, los oficiantes de ese debate
huyen de la discusión sobre la equidad -que es un concepto susceptible de
cuantificación y, por tanto, de evaluación- y prefieren enzarzarse en la
vaguedad de los enunciados generales o en el detalle de tal o cual ayuda a
un pequeño grupo de personas necesitadas cuya delimitación cuantitativa es
siempre difusa. Por ello, conviene abordar la cuestión despojándola de la
retórica que la envuelve para dar respuesta a una pregunta sencilla: ¿se ha
visto la mejora en equidad durante los gobiernos de Zapatero?



Afortunadamente para nosotros, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
elabora desde 2004, en el marco de una investigación de ámbito europeo
coordinada por Eurostat, la Encuesta de Condiciones de Vida, a partir de la
cual podemos obtener el material numérico que posibilita una respuesta bien
ajustada a la pregunta anterior. Y esa respuesta es, sin ninguna duda,
negativa.

En efecto, el primero de los indicadores que el INE proporciona a este
respecto es el índice de Gini. Con él se mide el grado de desigualdad
existente en la distribución personal de la renta, de manera que los valores
que adopta van desde el cero [que señala una completa equidad cuando todos
los individuos perciben los mismos ingresos] hasta el cien [cuando toda la
renta se concentra en un solo individuo]. Por tanto, cuanto más bajo es este
indicador mayor el nivel de equidad distributiva o, si se prefiere, cuanto
más elevada es su cuantía mayor es asimismo la desigualdad. Pues bien, si en
2004, cuando Rodríguez Zapatero entró a gobernar, el índice de Gini adoptó
en España un valor de 30,7, cuatro años más tarde, en 2007, había aumentado
en seis centésimas hasta situarse en 31,3. Es claro ya entonces que, lejos
de mejorar, tal como sugieren retóricos zapateriles, la equidad empeorÓ,
aunque lo haya hecho con modestia.


Otra forma más sencilla de medir la desigualdad es la ratio S80/S20 que
relaciona la renta que está en manos del 20% de los hogares más ricos, con
la que se encuentra en poder de la misma proporción de los hogares más
pobres: según el INE, en 2007 este cociente señalaba que los ricos tenían
una renta 5,3 veces mayor que la de los pobres; y su posición relativa había
mejorado desde cuatro años antes, pues en 2004 el valor del indicador era
5,1. Por tanto, también por esta vía se comprueba que la equidad ha ido
empeorando durante la última legislatura. Este nivel de desigualdad en la
distribución de la renta es más elevado en España que en el promedio de los
países en la Unión Europea, donde la ratio S80/S20 [entre las rentas medias
de los quintos de la población más rico y pobre] era 4,8 en 2005. Más aún,
de los 27 países de la UE, sólo ocho -Grecia, Hungría, Italia, Letonia,
Lituania, Polonia, Portugal y el Reino Unido- presentan una menor equidad
que España; y en uno más, Rumania. el nivel es el mismo. Con una ratio en
torno a 3,5 a su vez, la desigualdad es notoriamente inferior a la española
en Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Países Bajos, la
República Checa y Suecia. Ello indica claramente que una mayor equidad no
sólo es posible, sino que constituye UN objetivo alcanzable para la política
social española.



Pero para valorar esta última conviene situar los resultados de la
legislatura socialista en una perspectiva temporal más amplia. Para ello
viene muy bien la excelente síntesis que dentro del VI Informe sobre
exclusión y desarrollo social en España ha realizado para Caritas un equipo
dirigido por Luís Ayala Cañón.



De acuerdo con su análisis, entre mediados de los años 70 y el comienzo (no
más) de la década de los 90 tuvo lugar en España un importante aumento de la
equidad distributiva, de manera que las fuertes desigualdades heredadas del
franquismo se fueron paulatinamente atenuando, aun a pesar de la crisis que
afectó a la economía española hasta bien entrado el decenio de los 80. Esta
«aparente paradoja de la contención de la desigualdad en una etapa de fuerte
destrucción de empleo y profunda caída de la actividad económica se explica
-señala el profesor Ayala- por la simultaneidad de factores muy distintos
... como la quiebra del modelo de determinación salarial, ... el desarrollo
tardío de componentes básicos del sistema de protección social y de los
instrumentos tributarios más progresivos». En suma, los gobiernos centristas
de la época, y el socialista presidido por Felipe González, impulsaron un
Estado del Bienestar que apenas se había desarrollado durante la dictadura;
y como resultado de ese empujón se logró un nivel de equidad semejante al
que exhiben los países desarrollados menos igualitarios.


Sin embargo, el impulso de dicho anterior reformismo, en lo que a política
social se refiere, se frenó con el acceso al poder del Partido Popular. Éste
actuó bajo una inspiración extremadamente conservadora que veía en las
acciones redistributivas del Estado un obstáculo a los incentivos al
trabajo, una tesis ésta que no ha podido ser corroborada por los estudios
empíricos; ignoraba que los avances en la equidad tienen un efecto directo
sobre el tamaño del mercado -con lo que se favorece la innovación
tecnológica o, lo que ya apuntó Adam Smith en los capítulos iniciales sobre
La riqueza de las Naciones, la división del trabajo- y confiaba en que los
incrementos del empleo darían por resueltos todos los problemas
distributivos.



El gobierno de Aznar, creyéndose inspirado por doctrina liberal, desoía el
consejo de los viejos maestros de esta escuela, para quienes la libertad
económica no estaba reñida con el Estado Social. Léase si no a Hayek en su
Camino de servidumbre cuando afirma que «los argumentos para que el Estado
ayude a organizar un amplio sistema de seguros sociales son muy fuertes»,
hasta el punto de que «no hay incompatibilidad de principio entre una mayor
seguridad, proporcionada por el Estado de tal manera, y el mantenimiento de
la libertad individual». Y como fruto de esta confusión conceptual se
introdujeron cambios fiscales que limitaron los efectos redistributivos de
la imposición personal sobre la renta, a la vez que se limitó el crecimiento
de las prestaciones sociales, especialmente las de carácter asistencial. En
tales circunstancias el nivel de desigualdad se quedó estancado.



Con la entrada de Rodríguez Zapatero en el gobierno nada de esto cambió. El
mismo conservadurismo que había alumbrado a su predecesor se mantuvo, aún
cuando el discurso gubernamental anunciaba mejoras para los más
desfavorecidos; pero no confundamos la retórica con la política práctica: el
gasto social, que había venido descendiendo en términos relativos desde
hacía una década, acabó situándose en el 20% del PIB, con lo que el esfuerzo
español en esta materia se quedó en un nivel equivalente al 76,5% de la
media de la Unión Europea. Y lo mismo puede decirse en el terreno fiscal.
Así, la única reforma del IRPF firmada por Zapatero -la de 2007- ha tenido
dos efectos redistributivos que difícilmente redundarán en un aumento de la
equidad.



Por una parte, como se ha destacado por la Fundación de las Cajas de
Ahorros, ha hecho caer los tipos impositivos medios para todos los
contribuyentes, aunque de una forma más intensa para los que obtienen las
rentas más bajas y las más altas, sin incidir a penas entre los de rentas
medias. Y, por otra, ha escindido el impuesto en dos, de manera que los
rendimientos del ahorro y las ganancias del capital tributan según un tipo
único más bien reducido del 18%, mientras las del trabajo lo hacen sobre una
escala variable que va desde el 24 hasta el 43%. Conviene recordar con
respecto a esto último que los rendimientos del capital mobiliario son
obtenidos principalmente por las personas más adineradas del país, pues no
en vano el 70% de la riqueza financiera está en manos del 10% de la
población. Y si a todo ello se le añade la reciente supresión del impuesto
sobre el patrimonio, que implica una mejora de la renta de los más ricos en
unos 2.100 millones de euros, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que con
Zapatero el socialismo ha culminado la contrarrevolución fiscal que
emprendió su predecesor en el gobierno.


No sorprenderá entonces que en los últimos años apenas se hayan registrado
avances en la erradicación de la pobreza dentro de España. Si en 2004 la
Encuesta de Condiciones de Vida cifraba la tasa de pobreza relativa en el
19,9% de la población, en 2007 apenas la había rebajado en dos décimas,
quedando en el 19,7%. Ello significa que casi uno de cada cinco españoles
viven con una renta inferior al 60% del valor de la mediana de la
distribución de la renta. Tal proporción está lejos de la media europea -que
se sitúa alrededor del 15%- y contrasta con países como Alemania, Austria,
Dinamarca, Finlandia, Holanda y Suecia, donde sólo 1 de cada 10 ciudadanos
está bajo el umbral de pobreza: las políticas sociales de Rodríguez Zapatero
no han corregido, pues, nada este problema por mucho que se haya proclamado
que han subido las pensiones mínimas, se protege más a los desempleados, se
atiende a la dependencia o se progresa en la igualdad de género.



Y así los mayores riesgos de pobreza se registran entre los pensionistas,
los parados, los incapacitados, las mujeres y los niños. Es decir, en los
segmentos de población que no han visto progresar la política social, pues
en España, por comparación con los países más avanzados de Europa, existe un
auténtico déficit en materias como las pensiones de viudedad y orfandad, el
subsidio de desempleo, los servicios y prestaciones para las personas
dependientes, la corrección de las discriminaciones salariales por sexo y
las prestaciones económicas para la infancia.


¿Podrían corregirse estos déficits sociales en situación de crisis económica
como la actual? Por lo general se suele sostener que la progresión en el
Estado del Bienestar sólo es posible en períodos de expansión económica. Sin
embargo, la experiencia española, como antes se ha señalado, desmiente esta
presunción, pues fue precisamente durante la crisis de los 70 y 80 cuando
más se desarrollaron las políticas sociales -y, con ellas, más se
corrigieron las desigualdades-, y ha sido durante la última década de
crecimiento cuando ese desarrollo se ha frenado.



Por ello, incluso en las actuales circunstancias, cabe reclamar al Estado un
mayor compromiso social que vaya cerrando paulatinamente la brecha que nos
separa de la Europa más avanzada. Bueno será entonces que el socialismo
abandone toda su demagogia zapateril para ponerse a la tarea de recuperar
sus viejos planteamientos de equidad, y la derecha se libere de sus
prejuicios contra la redistribución y recobre en esto la mejor tradición
liberal."



Mikel Buesa: www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=3002&r=1

[Políticas de equidad en España: Zapatero y la desigualdad, 6/1/9]