Cierto es que pretender que la escuela sea una especie de «mónada» de Leibniz hermética a lo que se respira en la sociedad supone una estupidez manifiesta. Reparen, por favor, en estas palabras de Ortega: «Principio de educación: la escuela, como institución normal de un país, depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros. Sólo cuando hay ecuación entre la presión de uno y otro aire la escuela es buena».

Es decir, cuando la meritocracia no existe y la frivolidad es norma, cuando la ramplonería se hace plaga o la indecencia en la vida pública ha llegado a tal grado de descaro que no sólo hay corrupción, sino que además ni siquiera se tiene presente aquello tan clásico del ser y del parecer, cuando todo esto sucede, digo, parece, en efecto, sarcástico que se pretenda que la escuela funcione como si fuese algo ajeno a todo lo que acontece en la vida pública.

Si la ciudadanía no tiene a bien demandar que se acabe con la endogamia y el amiguismo, no sólo en los ámbitos políticos, sino también en los académicos, si tampoco impone a todos los medios de comunicación una mínima imparcialidad en la información y en la opinión, si sus preferencias por la llamada telebasura son inequívocas, y así un largo etcétera, ¿cómo cabe esperar que la escuela sea ajena a todo ello? ¿Acaso no hay un sector no minoritario de la población estudiantil que vive en hogares donde la mayor diversión familiar es la escoria televisiva que malvende su intimidad? ¿O es que esa misma población estudiantil no respira el mismo aire viciado que da la espalda al esfuerzo, a la inteligencia y a la honestidad, al tiempo que desprecia el conocimiento, inaccesible e inalcanzable sin todo lo anterior?

Estoy de acuerdo también con Argullol en que los estudiantes son los menos responsables del actual estado de cosas. Esponjas que absorben los afanes del momento, que viven en un mundo en que lo que más se admira no es el tesón, ni la honestidad, es decir, donde la excelencia está proscrita, ¿con qué cuajo cabe conminarlos a que se conduzcan de otra forma y a que apuesten por el saber que no se consigue sin estudio y sacrificio?

Es innegable que las grandezas y las miserias que hay en la vida pública de un país guardan mucha relación con el grado de exigencia o de laxitud de una ciudadanía que, en democracia, además de libertades, tiene también responsabilidades. ¿Cómo se va a forjar ciudadanía sobre la base de todo lo que está aconteciendo? ¿Cómo es posible que, desde ciertos ámbitos, que se mira para otro lado ante todo lo que llevamos expuesto, se muestre alarma ante unas consecuencias inevitables cuyas causas no se pretenden en modo alguno combatir?

Creo que fue Renan quien consideraba que para forjar un país la base era la escuela. Muy bien, ¿pero qué escuela? Si lo que la sociedad quiere son guarderías con un profesorado humillado y ofendido, en lugar de centros donde se aprende, los resultados no pueden ser otros que los que arroja el Informe Pisa.

En efecto, se veía venir y, desde el monumental desatino que supuso la LOGSE de Maravall, ningún Gobierno, incluidos los dos que presidió Aznar, hizo nada por reconducir el desastre.

En esta crisis lo que falla es la demanda y no la oferta. Carecen, pues, de sentido todas las medidas dirigidas a ayudar directamente a los empresarios. Las empresas sólo producirán más si pueden vender la producción. Por eso, no resulta indicado reducir el impuesto de sociedades aunque sea a las PYME. La ayuda se orientará a los que menos lo necesitan, a los que obtienen beneficios. Sin embargo, no influirá en los que tienen pérdidas…

Lo de los ordenadores parece una broma que no se sabe muy bien a qué viene, cuando en la Enseñanza los libros de texto aún no son gratuitos. El único resultado va a ser subvencionar a los fabricantes, establecidos la mayoría de ellos en otros países. Si el ministro de Industria quiere promocionar de verdad las nuevas tecnologías en la sociedad, valdría más que controlase el oligopolio de las compañías de telecomunicaciones con el objetivo de que bajen precios y mejoren los servicios…

Finalmente, es decepcionante que el Gobierno no haya anunciado ampliar la cobertura del seguro de desempleo porque, aparte del contenido social que comporta, puede ser una de las medidas más eficaces contra la crisis, ya que la propensión al consumo de casi todos los parados será próxima a la unidad. Muy pocos serán los que tengan la posibilidad de ahorrar…

Juan Francisco Martín Seco = www.estrelladigital.es/ED/diario/146209.asp

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Asimismo, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid también pretende plantear una renta de protección social mas ligada a la formación laboral, por un plazo de seis meses e importes del salario mínimo profesional, a aquellas personas sin empleo y sin ingresos, bien porque se les haya agotado la prestación o porque no hayan generado el derecho a percibir la misma.

Estas bienintencionadas, pero insuficientes, propuestas no son más que la repetición de subsidios condicionados en su versión de políticas activas  de empleo o ‘workfare’, que se caracterizan porque la persona que está participando en un programa de este tipo, en virtud de un principio de reciprocidad, está obligada a asumir un compromiso que puede ser de actividad o de formación, como contrapartida a la asignación que recibe.

Como su aplicación práctica en nuestro país y en otros de nuestro entorno  ha puesto de manifiesto, estas rentas sociales condicionadas carecen de eficacia real para posibilitar la superación de la situación de desempleo o exclusión de sus destinatarios.

Por el contrario generan situaciones discriminatorias, ya que los empleos que se ofrecen a sus beneficiarios son de baja remuneración o por corto tiempo y, generalmente, pertenecen al sector público, por lo que ayudan a crear una discriminatoria ‘segunda división’ dentro del  mercado de trabajo.

Por otra parte,  parten de un concepto parcial de ‘trabajo’ al subordinarse exclusivamente al desempeño de un trabajo remunerado, no a la realización de otras formas de trabajo socialmente útiles como el trabajo voluntario, el doméstico o los cuidados a otros.

En cuanto a la solución de la exclusión social se han demostrado ineficaces ante  el previsible incremento en el futuro inmediato de los factores que conducen a la desigualdad social, como la alta tasa de desempleo y el consiguiente empobrecimiento y a que son programas con una cobertura parcial, que no llegan a la totalidad de la población en situación de necesidad.

Asimismo, estigmatizan a sus perceptores, que suelen ser parados de larga duración, que llevan bastante tiempo fuera del mercado laboral y que, generalmente, van a ser descartados por los empleadores  si concurren por un puesto de trabajo con desocupados más  recientes.

Como todos los subsidios condicionados contemplan prestaciones monetarias que no son acumulables con las rentas salariales por lo que no estimulan aceptación de posibles ofertas para trabajos por bajas remuneraciones, de corta duración o ‘a tiempo parcial’, porque así se perdería el ingreso ‘fijo’ que supone un subsidio y, paralelamente, fomentan la ‘economía sumergida’ o el fraude fiscal a pequeña escala  al favorecer que para no perder la prestación monetaria se trabaje de forma ‘alegal’.

Frente a estos programas de ayudas condicionadas, la instauración de una renta básica universal como derecho de ciudadanía, además del ahorro en los costes administrativos que aquellos implican, evitaría las trampas del paro y la pobreza, al ser compatible con  la percepción de cualquier renta, suponiendo, incluso, un incentivo para desarrollar determinados tipos de trabajos y cierto reparto del empleo, ya que facilitaría a muchas personas el trabajo ‘a tiempo parcial’...

La Renta Básica Ciudadana conllevaría, en última instancia, que no se tenga que recluir a nadie en empleos artificiales o de escasa calidad, como hacen las medidas ‘workfaristas’, y que el hecho que alguien no acepte un trabajo de esas características no le prive de su derecho a percibir una renta suficiente para vivir dignamente.

En cuanto a exclusión social, por su carácter de derecho ciudadano universal equiparable al sufragio, una Renta Básica no tiene el menor déficit de cobertura al abarcar al conjunto de ciudadanía, garantizando su derecho de existencia especialmente a sectores más vulnerables.

Y no son de recibo las alegaciones de la inviabilidad de una renta básica por los altos costes de su financiación. Numerosos estudios y simulaciones demuestran como puede financiarse alguna Renta Básica garantizada. Obviamente, como tal medida económica que es, su instauración implica tomar una determinada opción política y social, precisamente la contraria a la que se ha adoptado en la presente crisis económica y financiera cuando se han inyectado más  de 150.000 millones de euros a los bancos, lo que supone más de un 15 % del PIB.

En todo caso, la instauración de alguna renta básica implica una efectividad de imposición sobre todo tipo de rentas también con otro carácter necesariamente universal, poniendo fin tanto al discriminatorio tratamiento de las rentas de carácter salarial, como a las excesivas permisividades ante el fraude fiscal, que nos distancian de converger con la correspondiente media europea.

Por último, ante a las posibles objeciones a la Renta Básica basadas en la reciprocidad, en la que tanto insisten los partidarios de los programas de ‘workfare’ o ayudas condicionadas al  trabajo remunerado y en la que se basan para imponer a los desempleados la aceptación de cualquier empleo con la amenaza de perder los subsidios, creemos que no es aceptable que a los más desfavorecidos se les impongan controles y condiciones que no se les imponen a los más afortunados.

Y lo que nunca puede tener sentido es condicionar ese derecho fundamental a una vida digna a que se consiga ‘tener empleo’, cuando según la última EPA, entre más de 45 millones de personas, no llega ni a 16 millones la cifra de quienes logran ser asalariadas hoy, ni pasa de 19 millones el total de las que pudieron en cualquier modo ser ‘ocupadas’ por el mercado laboral ‘aunque fuera una hora sólo durante la semana’…

El derecho a un mínimo de subsistencia debe ser un derecho incondicional, no sujeto a ninguna reciprocidad, la perspectiva contraria, en palabras de Philippe Van Parijs ‘no es muy atractiva para nadie que crea que el igualitarismo  puede y debe ir de la mano con la emancipación, y no con el liberticidio de los pobres’…”

( Observatorio por la Renta Básica, de Attac-Madrid, 30 abril 2009 )

“ No tengo el gusto de conocer a don Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pero tampoco me apetece conocerlo, sobre todo después de haber terminado de digerir sus declaraciones de hace un par de semanas. El señor Fdez. Ordóñez cree que para ingresar más fondos al erario público hay dos magníficas soluciones: retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y rebajar las pensiones de los jubilados. Y eso lo dice alguien que nada tiene que ver con los pensionistas, porque él es un señor 'pensionado', permítaseme la expresión, pues dispone, con casi toda seguridad, de un contrato millonario blindado para cuando se retire a su chalecito de la sierra a criar geranios.

¿Solidaridad con los pensionistas que no llegan a 1.000 € / mes? Para qué. Don Miguel tiene la vida resuelta. Este señor y los altos cargos de la banca, de los seguros, de las grandes empresas privadas y públicas deberían estar un poco más a la altura y no 'pasar' olímpicamente de la crisis con unos sueldos vergonzosos por lo elevados, frente al paupérrimo 'salario mínimo interprofesional' y a los millares de 'mileuristas' que abundan en nuestro país.

A mí se me ocurren unas cuantas soluciones para acabar con la crisis de un plumazo. De entrada, volvamos a la peseta; los euros para quien los quiera. Después, redúzcanse un 60 % los sueldos de todos aquellos a quienes en un momento dado se les denomina 'su señoría': diputados, senadores, consejeros, y cualquier cargo político que ocupe sillón azul, granate, o del color que fuese. Elimínense de los gastos públicos los teléfonos móviles de sus señorías, en general. Que cada cual se pague el suyo. Suprímanse los coches oficiales de todo dios; es decir: si cada españolito va a trabajar en su coche, moto, guagua, tranvía, o andando, ¿por qué hemos de pagar tanto despilfarro a tanto político? ¿Qué tienen ellos que no tengamos los demás? Decrétese que ninguna empresa pueda establecer contratos 'blindados' para sus directivos. Envíese como 'consejero de lo que sea' a los EE UU o al Kilimanjaro a alguien cualificado, a ver si me entienden. Minimícense los dispendios de la Casa Real, que nos cuesta un pastón a todos (y no soy republicano). Los consejeros, concejales, alcaldes, directores generales y toda esa parafernalia funcionarial, no tienen por qué estar mejor pagados que el conductor de guaguas que se traga ocho horas diarias detrás de un volante, con una enorme responsabilidad a sus espaldas; del bombero que vela por nuestra seguridad, del médico de guardia en cualquier hospital, del Policía Nacional de turno en la comisaría... Infinitos trabajos duros, responsables y mal pagados frente a figurines con ternos del Corte Inglés, como mínimo, y que sólo conocen la penuria de oídas y mal.

Hasta rebajar las pensiones hay un trecho por recorrer. Empiece el gobernador del Banco de España por cerrar la boca y nos sentiremos todos mucho mejor. A los pensionistas, ¡ni mentarlos! "

(Pedro Marrero Sicilia, diario 'La Opinión de Tenerife', 7 de mayo del 2009)

“Este año, el Primero de Mayo se ha celebrado bajo el fantasma de la crisis económica y la amenaza del abaratamiento del despido. No deja de ser paradójico que el neoliberalismo económico, que ha sido el culpable de la crisis y que, por lo tanto, debería aparecer más bien como el villano de la función, ahora por el contrario quisiera erigirse en nuestro país en el protagonista y triunfador.

España es diferente. Cuando en todas partes se vuelve la mirada hacia las políticas keynesianas y se abjura, aunque sea con la boca pequeña, del fundamentalismo de mercado, aquí, en nuestro país, la derecha política y económica, los empresarios, algunos técnicos y la mayoría de los medios de comunicación continúan, erre que erre, con la ideología neoliberal. Es más, quieren aprovechar la crisis para reducir las pensiones o abaratar el despido.

La ofensiva es tan fuerte que los sindicatos han tenido que centrar en buena medida este Primero de Mayo en defenderse frente a la pretendida reforma laboral. Hay quien dice que la mejor defensa es un ataque, y eso es lo que debería hacer la izquierda: atacar proponiendo una reforma laboral, pero en sentido contrario a la que exige la patronal, porque si algo sobra en el mercado de trabajo español es flexibilidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid -que ante la crisis debería callarse avergonzada, puesto que ha sido una de las mayores defensoras de las teorías que nos han llevado a la recesión- afirma con todo el descaro y desparpajo que el mercado laboral es franquista, y es que ella debe saber mucho de franquismo. Lo cierto es que en 1979 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores pactado por empresarios, trabajadores y partidos políticos, pero para algunos los pactos sólo obligan a los demás; poco tiempo después comenzó la ofensiva para modificar lo aprobado. Así llegaron cuatro nuevas reformas, más bien contrarreformas (1984, 1994, 1997 y 2002), encaminadas a desregular las relaciones laborales y facilitar el despido.

Todas ellas utilizaban las mismas falacias. Primero, para luchar -según decían- contra el paro, se promocionan múltiples clases de contratos temporales. Más tarde, y como la temporalidad es muy elevada, con la excusa de reducirla se propone abaratar el despido. Pero la precariedad no redujo las tasas de desempleo que sólo disminuyen cuando se reactiva la economía, y por más que se abarate el despido la temporalidad no desciende. En momentos de recesión como el actual, lo único que se consigue abaratando el despido es que el ajuste se traslade inmediatamente al mercado de trabajo sin que las dificultades afecten a las empresas o a las rentas de capital.

La prueba evidente de la enorme flexibilidad del mercado laboral español es la impresionante velocidad, mucho mayor que en el resto de los países, con la que la crisis se traduce en cifras de paro. No estamos hablando de crear empleo sino de destruirlo, y si se destruye con tanta facilidad únicamente puede ser porque es sencillo y barato despedir.

Sí, efectivamente, en España es necesaria una reforma laboral, pero no otra contrarreforma.

Los sindicatos deben reclamarla, deben pasar a la ofensiva. Una reforma laboral que vaya en sentido contrario a las de los años 1984, 1994, 1997 y 2002. Únicamente sería preciso aplicar el sentido común. Para reducir la temporalidad y la precariedad sólo se precisa prohibir este tipo de contratos y permitirlos exclusivamente para aquellas actividades que son realmente temporales. ¿Que la indemnización de 45 días por año trabajado para despidos improcedentes es muy elevada? Pues bien, eliminemos los despidos improcedentes.

Cuando un juez declara que el despido es improcedente y no hay causa ni disciplinaria ni económica ni tecnológica, es decir, que la única razón del despido es el capricho y la voluntad del empresario, no impongamos ninguna indemnización sino, como ocurre en otros países, obliguemos a la readmisión. Los empresarios no quieren abaratar el despido basado en causas objetivas, sino poder despedir a su capricho y que, además, les salga gratis.”

( Juan Francisco Martín Seco = "Reforma, sí; contrarreformas, no" )

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“El cambio en la dirección de la política económica del gobierno con el cese del Ministro Pedro Solbes debiera significar el fin de un periodo de austeridad de Gasto Público Social (GPS) que se inició en España en el año 1993 cuando fue nombrado Ministro de Economía y Hacienda por el entonces Presidente del Gobierno Socialista, el Sr. Felipe González (...) Al inicio de tal periodo, el Gasto Público Social per capita era todavía 3.039 € estandarizados (es decir euros cuyo valor adquisitivo ha sido modificado parar poder hacer homologable su poder de compra en países con niveles de vida distintos). Tal GPS era el menor de la UE-15 en aquel año 1993. Durante su mandato, bajó incluso más, a 3.015 € en 1994 y hasta 2.931 en 1995, siendo el único país de la Unión Europea (UE) que vio bajar un Gasto Público Social por habitante durante aquel periodo. Puesto que el promedio para los países de la UE-15 continuó subiendo, el déficit del GPS en España con respecto a la UE-15 aumentó considerablemente, pasando de 1.636 € estandarizados por habitante a 2.052 € (…)

Pedro Solbes en unas declaraciones a 'El País' (22-07-07) señalaba que la medida de la cual él estaba más orgulloso era “la de no haber aumentado el gasto público en España durante su mandato”. Esta declaración la hacía un Ministro de un Gobierno socialista en el país con Gasto Público, incluyendo el GPS, más bajo de la UE-15. España cuyo PIB per cápita era el 94% del promedio en la UE-15, tenía (cuando Solbes hizo tal declaración) un Gasto Público Social que era sólo el 68% del promedio en la UE-15. España era (y continúa siéndolo) un gigante económico con los pies sociales de barro (…)

En realidad, lo que el Gobierno socialista debiera hacer aquí es lo que un gobierno Demócrata está haciendo en EE.UU, es decir, utilizar la Crisis como una excelente ocasión para hacer cambios, difíciles de realizar en situación normal, sin crisis. El Presidente Obama está aumentando el Gasto Público enormemente, invirtiendo en infraestructuras, en estimular nuevas industrias y en expandir el Estado del Bienestar, pagándolo con su aumento de los impuestos a los más ricos (que ingresan más de 250.000 dólares al año), anulando también gran número de exenciones fiscales, y con un crecimiento del Déficit fiscal que alcanza el 12% del PIB. Estas políticas explican su enorme popularidad. Ni que decir tiene que hay también muchas áreas de tales políticas domésticas llevadas a cabo por el Gobierno federal que son criticables (véase mi blog [*], sección EE.UU). Pero la dirección del cambio tomada por la Administración Obama en políticas interiores (en respuesta a las enormes presiones populares lideradas por los sindicatos y por los movimientos sociales de aquel país), que incluso en ocasiones desborda al Presidente Obama, es progresista.

El Presidente Zapatero, que parece admirar a Obama, podría tomar como punto de referencia a este último [**] en las áreas que ya he señalado. Ello requeriría un movimiento más a la izquierda del equipo económico de su Gobierno…” [***]

Con esos datos podría deducirse que la banca tiene incluso más influencia política en la UE que en EE.UU, lo cual aparece también en otros 2 indicadores: los intereses bancarios son 6 veces más altos en la UE (1,5%) que en EE.UU (0,25%), y un objetivo prioritario del Banco Central Estadounidense (el Federal Reserve Board) es estimular la economía y crear empleo, en contraste con el del Banco Central Europeo, que solo es controlar la inflación (…)

En realidad, una de las medidas más potentes para estimular la economía es aumentar los salarios; ya el presidente Roosevelt aprobó la ‘Wagner Act’ (que estableció los sindicatos en EE.UU) a fin de facilitar el incremento salarial que su Administración consideraba como un requisito para salir de una Gran Depresión. Siguiendo la misma lógica, el presidente Obama apoya ahora la nueva ley propuesta por los sindicatos estadounidenses que les reforzaría en su petición de incrementar los salarios. Por el contrario, para la UE (hoy gobernada en su mayoría con partidos conservadores y liberales), la propuesta más común de los Estados miembros ha sido pedir una congelación salarial.

Además de tales medidas, ILO analiza las intervenciones públicas para creación de empleo público y/o privado mediante la inversión en infraestructura física y productiva y en servicios del Estado del bienestar –no sólo educación, sino también en sanidad, servicios sociales y otros–, que aumentan la protección o cohesión social (y la productividad, punto que ha escapado hasta ahora a los economistas del Gobierno español)… Según dicho informe ILO, esa inversión que estimula una creación de empleo a base de aumentar tal tipo de intervención es menor en los países de la Unión Europea que en EE.UU. Alemania ha gastado 2,8% de su PIB en tal tipo de inversiones; Francia un 1,1%; Gran Bretaña el 1,3% y España sólo un 0,8%. En EEUU el gasto hecho y propuesto es mucho mayor: un 5,6% del PIB. Este tipo de estímulo es el más efectivo para crear empleo (…)

El ‘Consenso de Bruselas’ –que es versión europea del ‘Consenso liberal de Washington’- ha seguido unas políticas de freno del gasto público con disminución en impuestos y limitaciones en su tamaño del déficit fiscal del Estado, que han sido responsables de que los desempleos en Europa que habían sido más bajos con respecto de EE.UU desde la II Guerra Mundial se incrementaran, siendo hoy mayores que allí; todo ello a partir del desarrollo de tales políticas, que ahora nos obstaculizan la resolución de la crisis…”

Vicenç Navarro [“La respuesta insuficiente de la UE”] = www.rebelion.org/noticia.php?id=83909

La Organización de los Inspectores de Hacienda (IHE) ha denunciado -hace cuatro días-  "ambigüedad" de nuestro Gobierno al decir "abanderar" una "eliminación" de dichos Paraísos fiscales durante las reuniones (previas) del G-20 y, sin embargo, estar actualmente "desmantelando" la única normativa española para combatirlos.

El Gobierno tiene elaborado un proyecto de Real Decreto que elimina la obligación de que las entidades financieras tengan que declarar la identidad de los titulares de Deuda Pública (o privada) de "no residentes", su país de procedencia y el importe de los rendimientos.

De esta forma, el Ejecutivo quiere complementar el otro Real Decreto de hace un año, que permite a los residentes en estos paraísos adquirir deuda pública española sin tener que tributar nada por su rentabilidad.

Según Isabel Martínez y Francisco de la Torre, responsables de la IHE, son perjudicados los residentes en España que, por comprar este activo, tendrán que tributar al 18% (mediante una retención) si son Personas físicas, o al 30%, tratándose de Sociedades, así como los residentes en otros países, que tienen que pagar a sus Fiscos correspondientes.

Detrás de este cambio, señalaron los Inspectores, se encuentra una necesidad del Gobierno español respecto al "facilitar colocación a la importante suma de Deuda pública que está emitiéndose" por financiar el aumento del Déficit público como consecuencia de las Medidas adoptadas para paliar los efectos de la Crisis financiera y la económica" = www.elmundo.es/mundodinero/2009/03/18/economia/1237361856.html